La principal conclusión a que arriba el mencionado estudio es que existe una tendencia clara hacia la autorregulación y el desarrollo de medidas de accountability por parte del Estado, expresadas en el desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la calidad y acreditación pública.

Esta tendencia se aprecia tanto en países con una larga tradición de autonomía institucional –donde las instituciones de educación superior se ven crecientemente sometidas a regulaciones de carácter público– como en sistemas centralizados y altamente controlados por el Estado.

Un análisis más detallado de las experiencias europeas (Thune, 1998) muestra que, a pesar de las diferencias de enfoque global en cuanto a la regulación a que se ha hecho referencia más arriba, prácticamente todos los países de la Unión Europea han asignado una prioridad alta al desarrollo de la evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación superior, prioridad que se expresa en la creación o apoyo a agencias nacionales de acreditación, impulsadas en la gran mayoría de los casos por los respectivos gobiernos.

En general, en los países europeos la evaluación opera sobre la base de un concepto de calidad que la define como “ajuste a los propósitos declarados”, es decir, que insiste en que las instituciones o los programas se evalúen con relación a sus propias metas y objetivos. Aun en esa perspectiva, sin embargo, el hecho de que exista una evaluación externa suele tensionar la definición de las metas y objetivos en el sentido de hacerlos más innovadores y capaces de responder a los requerimientos del medio.

Esa es, probablemente, una de las razones por las que, en muchos casos, los mecanismos de acreditación son vistos como una forma de promover cambios necesarios para adecuar la educación superior a los nuevos requerimientos del desarrollo económico, tecnológico y productivo. Los cambios en el modo de producción del conocimiento –crecientemente generado en un contexto de aplicación, orientado a resolver problemas complejos, de carácter transdisciplinario, capaz de desarrollarse en una variedad de contextos organizacionales– ha hecho indispensable desarrollar nuevos mecanismos de evaluación o control de calidad6.

En muchos casos, los sistemas de acreditación, enfocados hacia la evaluación de resultados en el marco de las propias definiciones de las instituciones de educación superior, abren espacios de innovación difíciles de lograr cuando la calidad se define internamente, o cuando mucho, por el juicio de pares seleccionados en función de sus contribuciones previas al desarrollo de la respectiva disciplina.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CALIDAD
Un instrumento que muchas veces se propone como una alternativa a la acreditación en cuanto mecanismo de regulación es el establecimiento de un sistema de información pública, centrado en las características de la oferta de educación superior, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones de formación, al ajuste entre lo que la institución ofrece y los resultados obtenidos y, además, a las condiciones en que los egresados del sistema se insertan en el medio laboral o social. Dos son los argumentos más frecuentemente esgrimidos en favor de la
información pública como mecanismo de regulación:

Primero.- Surge, fundamentalmente, del ámbito de la economía y se refiere a la transparencia del mercado y la simetría entre la información disponible para los oferentes y los demandantes de un servicio.

Segundo.- Estrechamente asociado a la teoría de la opción racional, supone que un aumento en la calidad y cantidad de información disponible ejercerá necesariamente un efecto regulador, mejorando la calidad por cuanto las instituciones se esforzarán por alcanzar niveles óptimos de calidad con el fin de captar estudiantes y sobrevivir en el mercado.

Con relación al primer argumento, conviene señalar que la evidencia empírica, aunque escasa, sugiere que lo que el usuario principal, no exclusivo, el estudiante, percibe no la calidad de una institución, sino su reputación o prestigio 7.

En el largo plazo, calidad y reputación deberían tender a coincidir, pero en el corto y mediano plazo, la reputación depende principalmente de factores como la publicidad o el marketing de las instituciones, modas entre estudiantes, ubicación geográfica u otros factores solo marginalmente asociados con la calidad. En contextos donde muchas de las instituciones son relativamente nuevas, es necesario complementar los antecedentes asociados a la reputación con otros, que permitan contextualizar la información y poner en perspectiva los esfuerzos publicitarios de las propias instituciones.

En el segundo argumento, referido a la asociación entre información y calidad, el supuesto subyacente es que los alumnos tienden siempre a elegir la universidad de mejor calidad entre las que le son accesibles. Sin embargo, no hay evidencia que esto sea así, salvo en el caso de un grupo relativamente pequeño de estudiantes que efectivamente buscan adquirir una sólida formación en el campo elegido. Muchos otros estudiantes tienen otros intereses, tanto o a veces más importantes que la calidad de la institución: obtener un título en forma relativamente fácil y rápida, permanecer cerca de la familia, adquirir relaciones sociales, poder trabajar mientras
estudian, minimizar el costo del estudio, ascender en la escala social. Si bien todos estos intereses son válidos, y las opciones adoptadas en función de ellos son racionales, no conducen a elegir la institución de mejor calidad, sea esta real o percibida. Un ejemplo claro de esta situación es el de muchos jóvenes que prefieren estudiar en la peor universidad antes que hacerlo en el mejor instituto técnico.

En síntesis, si bien la información pública es esencial para mejorar las opciones de los estudiantes, no parece ser un buen mecanismo para promover la calidad de la educación superior ni de las instituciones que integran el sistema, a menos que esté asociado a otros instrumentos de política que enriquezcan la información disponible y promuevan el desarrollo cualitativo de las instituciones.